La economía mostró una expansión significativa de la demanda agregada en la última parte del año y todo hace pensar que ese impulso se prolongará este año. Se trata, sin duda, de un dato muy positivo. Pero para evaluar su significación es necesario también tomar en cuenta que en el último trimestre esa expansión fue acompañada de una serie de desequilibrios, desde la inflación hasta la congestión en el uso de la infraestructura y problemas en el suministro de energía. Asimismo, se observaron numerosos conflictos distributivos, siendo la expresión más saliente la toma de terrenos de propiedad tanto pública como privada.
Esta configuración de alto crecimiento con desequilibrios y conflictos no es sorprendente cuando se considera lo que ha sido el “núcleo duro” de las políticas que se han venido implementando desde, al menos, 2007: una combinación de fuertes incentivos a la expansión de la demanda y despreocupación por coordinar la macroeconomía, sea recurriendo a instrumentos fiscales o monetarios.
¿Piloto automático?
En los últimos años, el gobierno ha venido descuidando de forma creciente una de las funciones básicas que debe cumplir en el campo económico: la coordinación de la macroeconomía. Dos eventos marcaron hitos, en este sentido. El primero ocurrió en enero de 2007, cuando comenzaron las distorsiones en la medición de la inflación. El segundo se produce en diciembre de 2009, cuando el traumático desplazamiento del Presidente del Banco Central puso en claro que en el futuro no habría lugar para ningún grado de independencia de ese banco, por acotada que ella fuera. Como resultado de estos hechos, quienes han estado tomando decisiones de precios, salarios o inversión en los últimos años, han debido hacerlo sin disponer de información confiable sobre la inflación y sin contar con la guía de la autoridad monetaria para la formación de expectativas sobre la evolución futura de los precios. Hacia el final de 2010, lamentablemente, se colocó un hito adicional en este peligroso camino: 2011 será un año sin presupuesto, ya que el Congreso no aprobó ninguno.
En realidad, la baja o nula prioridad que la agenda del gobierno le asigna a la necesidad de coordinar la macroeconomía en general y a controlar la inflación en particular, no deja de sorprender: no existe escuela de pensamiento macroeconómico que afirme que una economía capitalista –donde los agentes toman decisiones de forma descentralizada– puede funcionar de manera eficiente sin que el gobierno establezca pautas que faciliten la coordinación de las decisiones y expectativas de esos agentes. Además, hay consenso respecto de que tanto la política fiscal como la monetaria tienen un papel clave en brindar esas pautas. Quizás lo más cercano a la actitud prescindente que muestra actualmente el gobierno respecto de la coordinación de la macroeconomía sea la visión del piloto automático, que estuvo en boga en los noventa, con resultados poco atractivos.
Por supuesto, existen enfoques distintos respecto de cuán activas deben ser las políticas fiscal y monetaria y respecto de qué peso debe dárseles a los objetivos de inflación y de nivel de actividad. Pero en lo que todos los enfoques coinciden es en que, dados los objetivos de política, cuanto más claramente se comuniquen las pautas fiscales y monetarias, más efectivas serán las políticas en la consecución de sus objetivos. Por ejemplo, si un gobierno keynesiano opta por una política fiscal anti-cíclica para combatir la recesión, buscará comunicar tal decisión de forma rápida, clara y creíble de manera que el sector privado cambie sus expectativas pesimistas y adapte sus decisiones de ingresos y gastos a un escenario no recesivo. Está en el interés del gobierno hacerlo porque, cuanto más rápido se produzca el cambio de expectativas, mayor será la eficacia de las iniciativas anti-cíclicas. Si, en cambio, el gobierno fuera ortodoxo y creyera que la mejor forma de combatir la recesión es dar más espacio a la iniciativa privada reduciendo el gasto público, el signo de las políticas fiscales sería diferente pero las acciones de coordinación, no: el gobierno trataría de comunicar claramente sus políticas ya que, cuanto antes el sector privado las conociera, más efectivamente aumentarían la inversión y el consumo. En función de esto, es natural que, al acercarse cada fin de año, cualquiera sea su orientación, las autoridades pongan especial énfasis en comunicar de manera clara las pautas fiscales y monetarias para el año siguiente.
Obviamente, los meros anuncios no son suficientes: las pautas comunicadas deben ser creíbles y, para ganar esa credibilidad, las autoridades cuentan con dos instrumentos esenciales. El primero es el presupuesto público que se envía al Congreso antes de que finalice el año fiscal y el segundo es el anuncio por parte del Banco Central de pautas para los precios; pautas que pueden tomar la forma de metas de inflación o de metas para los agregados monetarios por parte del Banco Central.
Por supuesto, en un mundo en que ocurren shocks de todo tipo, ningún gobierno está libre de cometer errores al establecer pautas fiscales y monetarias; pero de lo que se trata al establecer pautas es, justamente, de minimizar esos errores. De aquí que, para ser creíbles, las pautas que se anuncien deben cumplir con una doble condición. Por una parte, tomar en cuenta la información sobre la coyuntura, incluyendo una evaluación de qué tipo de shock es más probable que ocurra durante el año. Por otra, establecer pautas monetarias y fiscales que sean consistentes con la coyuntura y los recursos disponibles, de forma que esas pautas sean percibidas como factibles por quienes toman decisiones descentralizadas en el sector privado y el público (por ejemplo, las provincias). Así, por ejemplo, Brasil no sólo ha establecido pautas fiscales y monetarias en función de la ley de responsabilidad fiscal y el régimen de metas de inflación sino que, también, está tomando en cuenta que en la coyuntura actual la política monetaria expansiva de Estados Unidos implica un shock de liquidez. Como ese shock se traduce en entradas excesivas de capital que pueden generar burbujas o problemas de competitividad, las autoridades ya han anticipado que tratarán de encarecer los movimientos de capital haciendo uso de encajes.
Sin pautas para el año que se inicia
Cuando se observa el comienzo del año en la Argentina desde esta perspectiva, que podríamos llamar perspectiva del “sentido común” macroeconómico, el panorama es bastante desalentador: la falta de pautas para la coordinación macroeconómica ha llegado a un punto tal que, en realidad, no sería aventurado afirmar que ese hecho es una de las amenazas centrales que enfrentará la economía en 2011. Esto es así no sólo porque no hay señales de que los problemas que se arrastran del pasado vayan a revertirse sino porque los mismos se están agravando. Hay tres puntos que vale la pena subrayar en relación con esto.
En primer lugar, no se observa ninguna voluntad política por superar las deficiencias en la medición de la inflación. No hay novedades sobre el INDEC, más allá de gestos aislados, como el que involucró al FMI. Es bien conocido, en función de nuestra experiencia desde 2007, que la falta de información precisa sobre la inflación dificulta seriamente la coordinación de las decisiones financieras, de precios y salarios y que ello se traduce en errores de asignación y exacerbación de la puja distributiva entre sectores. Pero hay que tomar en cuenta, adicionalmente, que la inflación se aceleró el año pasado y los errores de expectativa son más grandes cuanto más alta es la tasa de inflación. Esta es una lección que dejó el período de alta inflación previo a los noventa y que no debería olvidarse. En particular, en un escenario como el actual en que la demanda agregada está muy tonificada, para cubrirse de la incertidumbre hay tres acciones típicas: demandas salariales de sectores sindicalizados que tratan de anticiparse a la inflación; aumentos preventivos de precios por parte de las firmas para cubrirse de errores de expectativa y reducción en la duración de los contratos financieros y en los períodos de negociación salarial. Entre las primeras víctimas de este tipo de situación se suelen contar: los trabajadores informales y los sectores marginados con menor poder de negociación; las firmas cuyos precios están controlados; los productores de bienes transables (por el tipo de cambio administrado) y la paralización de inversiones de mayor período de maduración, por la mayor incertidumbre.
En segundo lugar, las últimas iniciativas del Banco Central han contribuido más a confundir que a coordinar las expectativas sobre inflación. En particular, resulta insólito que en un país donde la inflación oficial para 2010 se ubicó en 10.9%, las autoridades hayan dado a conocer un programa monetario que prevé un aumento en los agregados monetarios del orden del 40%, que supera largamente incluso las expectativas de inflación más pesimistas. Esto implica que, o bien las autoridades no creen en la inflación oficial (quizá debido a esto la inflación no juega ningún papel en los fundamentos que avalan la programación presentada), o bien esas autoridades cuentan con estimaciones econométricas que marcan que habrá un aumento espectacular en la demanda real de dinero durante 2011. El mercado no cuenta con estimaciones de ese tenor y suponer que las autoridades tienen una capacidad de predicción de la demanda de dinero muy superior a la del mercado es difícil de creer: la falta de billetes habla de una cierta impericia para predecir la evolución de la demanda y en el mismo sentido habla el hecho de que el año pasado se haya cambiado de forma inesperada la meta de incremento de la oferta de dinero y que aun las metas modificadas hayan sido difíciles de cumplir. Por supuesto, el sentido común y la Navaja de Occam sugieren una hipótesis más sencilla para explicar la expansión prevista: en un año electoral, las autoridades se han asegurado de que contarán con capacidad suficiente para financiar al tesoro, si fuera necesario. La política manda, el Banco Central obedece.
En tercer lugar, como se dijo más arriba, para 2011 se agregó un problema que antes no estaba: no hay presupuesto aprobado por el Congreso y, como consecuencia, el Poder Ejecutivo cuenta con amplios grados de libertad relativos tanto al nivel del gasto como a su asignación, debido a las falencias que muestra la legislación y la falta de creatividad de la oposición a la hora de diseñar estrategias para limitar al ejecutivo.
En suma, tomar decisiones en 2011 será bastante difícil: la inflación no se conoce con certeza, no hay un programa monetario creíble y no se sabe cuánto gastará el gobierno durante el año. A esto hay que agregarle que se trata de un año electoral y que la situación internacional muestra muchos interrogantes.
Crecimiento y desequilibrios
Como se dijo, el nivel de actividad mostró una fuerte expansión en 2010 ¬ y¬ se espera que la economía se siga expandiendo este año, en línea con el resto de la región. A la luz de estos hechos, podría argüirse que, mal que le pese al sentido común de los macroeconomistas, las pautas de coordinación macroeconómica no pueden ser tan relevantes: la economía creció de manera significativa aún cuando las pautas de inflación, monetarias y fiscales no estaban claramente especificadas. Ese argumento a favor del piloto automático, no obstante, podría llevar a conclusiones equivocadas: los desequilibrios macroeconómicos no son incompatibles con el crecimiento a secas sino con el crecimiento sostenido.
Justamente, una de las tareas más difíciles a la hora de hacer política económica en un contexto de expansión de la demanda agregada es la de evaluar si tal expansión es sostenible o, simplemente, refleja una situación de desequilibrio que se revertirá en el futuro. Volviendo al ejemplo de Brasil, una preocupación central de las autoridades en la actualidad es evitar que la expansión presente sea superficialmente alimentada por entradas de capital que podrían luego revertirse de manera súbita.
Por supuesto, la tarea de evaluar la sostenibilidad del crecimiento tiene un gran componente de arte. Pero ello no implica que ese arte se pueda ejercer sin recurrir a los elementos que aporta la ciencia. En este sentido, hay un punto crucial para la coyuntura: analizar el tipo de desequilibrio que está acompañando a nuestro crecimiento. Y desde este punto de vista, el proceso argentino actual muestra una serie de rasgos que preocupan.
Primero, el crecimiento de la demanda agregada no ha estado acompañado por un crecimiento acorde de la oferta. Los indicadores en relación con esto son numerosos: (a) aceleración de la inflación; (b) aumento acelerado en las importaciones (no sorprende que Moreno vuelva a cargar sobre las importaciones); (c) racionamiento y congestión: electricidad y transporte.
Segundo, la inversión productiva debería ser muy superior a la observada para mantener tasas de expansión del capital que sean capaces de sostener una tasa de crecimiento como la que se propone mantener el gobierno. Según estimaciones, la relación inversión/PBI debería ser tres o cuatro puntos superior. Lo curioso es que la restricción para lograr esto en la actualidad no es tanto el ahorro como la ausencia de un clima de inversión relativamente bueno.
Tercero, el crecimiento ha sido acompañado por fuertes pujas distributivas y los niveles de pobreza, indigencia y desigualdad no se han reducido de forma acorde con el crecimiento. Esto sugiere que, de mantenerse un sendero de expansión con inflación y subsidios mal diseñados que favorecen a sectores que no lo necesitan, el proceso de crecimiento estará permanentemente amenazado por la erupción de conflictos distributivos. En relación con esto es fundamental monitorear la evolución de los precios de los alimentos, que han estado aumentando a tasas muy superiores a la inflación promedio.
La economía internacional se sigue moviendo en una zona de ambigüedad
En la situación actual en que la economía internacional está generando señales poco claras, es importante observar el tipo de desequilibrio que está acompañando al crecimiento argentino por una razón adicional: evaluar el grado de vulnerabilidad externa del país. Dos elementos clave a observar son la evolución de los precios de las commodities (y del problema de la sequía) y los eventos en Brasil.
La vulnerabilidad a cambios en los precios de los productos primarios se origina en el hecho de que el gobierno gasta como si se supiera con certeza que los precios actuales se mantendrán o subirán en el futuro. Aún cuando esto no sea improbable, es riesgoso jugar todo a la misma ficha: a pesar de una recaudación tributaria engordada por el alto precio de la soja y otros productos primarios, el gobierno debe recurrir al financiamiento del Central porque el gasto público se expande bastante más que la recaudación.
La evolución de Brasil es relevante para la vulnerabilidad porque un cambio de política en ese país que llevara a una depreciación del real o generara una retracción en el crecimiento repercutiría negativamente en las exportaciones argentinas y en la competitividad. Esto sería muy negativo en el contexto actual por dos razones. La primera es que las importaciones están subiendo de manera muy marcada y sería riesgoso perder ingresos por exportaciones. La segunda es que una depreciación en Brasil obligaría a acelerar la depreciación del tipo de cambio en nuestro país, con consecuencias sobre la tasa de inflación.
Por supuesto, tanto la evolución del precio de las commodities como de Brasil estarán muy asociadas con la evolución de los desequilibrios globales que hoy se observan. En este aspecto, no ha habido noticias en este mes que cambien de manera dramática el panorama de fin de año. Las novedades más importantes probablemente se hayan originado en Europa, donde Portugal ha estado en el centro de atención por su necesidad de colocar deuda en un contexto enrarecido. Este país, sin embargo, superó relativamente bien el test de colocación, lo cual también fue una buena nueva para España. Un dato positivo que dejó el episodio es que existe voluntad en la comunidad internacional por cooperar para evitar un episodio traumático de default de deuda. Por un lado, China y Japón expresaron su voluntad de seguir comprando deuda de países europeos y, por otro, las autoridades de la UE siguen avanzando en la ampliación del fondo de rescate. Claro que más allá de esto, encontrar soluciones se hace difícil cuando los fundamentos económicos no ayudan: mientras España o Portugal tienen serios problemas para crecer, Alemania mostró números de crecimiento y exportaciones muy positivos. Esto no hace más que agregar presión sobre una zona que comparte una misma moneda pero muestra capacidades competitivas muy diferentes.