Argentina entre la explotación y la extorsión: economía, política y corporaciones

2011

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Como viene ocurriendo desde hace ya un tiempo, mientras la demanda agregada y la actividad crecen, la coyuntura muestra dos facetas que son poco compatibles entre sí y que, por tal razón, preocupan. Por un lado, existen desequilibrios como la inflación y la pérdida de competitividad internacional que necesitarían de atención económica profesionalizada; por otro, se observa un gobierno poco motivado por abocarse a esa tarea: su voluntad y  creatividad dan clara prioridad a la política. Como muestra bastan dos botones. Primero: en un contexto de tensión sindical y conflictos comerciales con Brasil, el Ministro de Economía y el de Trabajo han estado concentrados compitiendo por una nominación como candidatos a la Jefatura de Gobierno porteño en la cual la persona que vota es una sola. Segundo: en ese mismo contexto, la Presidenta afirmó que se siente extorsionada por el activismo sindical a pesar de haber siempre mostrado vocación por impedir la explotación de los trabajadores. Pero esto no la llevó a implementar medidas concretas para reducir la incertidumbre sobre la evolución futura de precios y costos. Esta incertidumbre actúa como un caldo de cultivo del activismo sindical. Las oportunidades de extorsionar se reducen cuando las negociaciones laborales pueden coordinarse sobre la base de expectativas creíbles en relación a la inflación. En este sentido, sería de gran ayuda contar con políticas monetarias y fiscales más previsibles y, más elementalmente, con índices de inflación confiables.   

 

La situación internacional sigue ayudando, pero…

 

A corto plazo, el gobierno tiene la posibilidad de ocuparse más de la política que de la economía debido a que esta última está creciendo a buen ritmo, respaldada por una situación internacional que beneficia a nuestro país con buenos precios internacionales y por la demanda de productos industriales brasileña. Sin embargo, no hay nada que garantice que la beneficiosa configuración actual de variables vaya a mantenerse y, por ende, las políticas deberían tener en cuenta eventuales escenarios no tan favorables.

 

Uno de los hechos que podría cambiar este panorama es que, en los días recientes, Brasil ha establecido licencias no automáticas para exportaciones de automotores, lo cual podría afectar seriamente nuestras exportaciones. La Argentina ha estado recurriendo hace tiempo a medidas para suavizar el aumento de las importaciones que afectaron a nuestro vecino, pero la reacción durante el gobierno de Lula estuvo regida por el principio de la “paciencia estratégica”. El gobierno no parece haber registrado que, además de presidente, los brasileños también cambiaron el signo de su balanza de cuenta corriente. Con un tipo de cambio cada vez más apreciado e importantes problemas de competitividad, Brasil se quedó sin margen para ser paciente. Un signo preocupante es que las licencias no afectan sólo a la Argentina, lo que demuestra que nuestro vecino tiene problemas que, claramente, van más allá del MERCOSUR.  

 

Otra variable que se debe monitorear es la evolución del precio de las commodities. El alto precio actual no es, probablemente, independiente del bajo valor del dólar ya que tiende a haber una correlación inversa entre el precio del dólar y el de las commodities. Asimismo, la evolución de estos precios también está muy influida por los movimientos especulativos. En relación con esto, hay que monitorear lo que está ocurriendo con las negociaciones sobre la deuda de Grecia y Portugal en Europa  así como las decisiones de política monetaria de la FED y el Banco Central Europeo. Estos factores inciden directamente sobre la cotización del dólar y es posible que haya novedades. En el caso de la deuda de Grecia, no ayuda el hecho de que ese país no da señales de poder cumplir con las reducciones del déficit a que se había comprometido y, por ende, habrá necesidad de nuevas medidas. La discusión es entre la posición más dura de Alemania y la más blanda del FMI. Las tribulaciones del Director Gerente de ese organismo, por supuesto, han contribuido a agregar incertidumbre.   

 

Los sindicatos y la autonomía de la política

 

A primera vista, un predominio tan marcado de la política por sobre la economía podría sorprender: ocurre en un momento en que la Presidenta lidera las encuestas y la oposición muestra un cuadro de debilidad y falta de orientación. Sin embargo, aunque parezca una paradoja, es justamente el hecho de que el triunfo se perciba a la vuelta de la esquina lo que ha estado agitando las aguas políticas. La expectativa de un triunfo “seguro” adelantó el futuro. Aceleró el proceso de reacomodamiento de placas tectónicas que debía tarde o temprano ocurrir dentro de  la coalición de gobierno, luego del shock que significó el fallecimiento de Kirchner. En particular, ese shock rompió el equilibrio –que de cualquier forma mostraba ya signos de deterioro– que el gobierno había logrado establecer entre las demandas de la política y los intereses corporativos de los sindicatos.

 

En cualquier sistema político que funcione, la política y las corporaciones, sean sindicales o empresarias, deben encontrar una forma de convivir. Y ello es siempre un ejercicio difícil porque los políticos y los líderes corporativos legitiman su representatividad de forma diferente y tienen capacidad para la acción colectiva, también diferente.

 

Las corporaciones poseen, por definición, menor posibilidad de ser percibidas como representantes legítimas de las aspiraciones de la sociedad en la medida que nacen para representar intereses específicos de un sector. Sin embargo, ningún político podría ignorar que las corporaciones tienen gran capacidad para organizar la acción colectiva en la medida que pueden movilizar personas y/o recursos de manera rápida y coordinada. Ocurre con los sindicatos como lo demostró Moyano con el acto en la 9 de Julio, pero ocurrió también durante el conflicto del campo, cuando las entidades rurales mostraron capacidad para la acción colectiva en defensa de sus intereses. No hubo, en cambio, grandes movilizaciones durante el conflicto del Banco Central o cuando se nacionalizaron las AFJP. No es fácil organizar la acción colectiva de forma eficaz cuando se trata de defender intereses legítimos pero muy difusos y que no tienen una corporación detrás, como es el caso de contar con una moneda sana o el de proteger los fondos de pensión privados de trabajadores que no pertenecen a una sola organización.

 

La misión de la política es totalmente distinta. La política no se legitima a partir de un interés sino a partir de generar condiciones para la cooperación entre agentes sociales que, en principio, tienen intereses diversos y que pueden o no tener representación corporativa. Si una corporación acumula fuerza suficiente como para poner a la política al servicio de un interés particular, la política como actividad pierde legitimidad social y ello, tarde o temprano, lleva al fracaso del gobierno de turno. También pierde legitimidad si falla en proteger derechos difusos pero fundamentales como lo es el derecho a moverse libremente por las calles o defender los espacios públicos. La presidenta parece tener en claro este punto. Hace pocos días expresó: “cuando a una organización sindical sólo le impacta o importa lo que les pasa a sus afiliados y a partir de eso toma actitudes que terminan perjudicando al conjunto de la sociedad deja de ser un sindicato para transformarse en una corporación, y yo quiero sindicatos solidarios con todos los argentinos”.

 

Por supuesto, la política puede ser buena o mala y puede mostrar más o menos inteligencia para organizar las decisiones colectivas en pro del bien común. Pero, claramente, lo que no puede la política es resignar el lugar de arbitrar conflictos de interés y de determinar las políticas a seguir con cierta autonomía del poder del lobby de turno. Por ejemplo, el gobierno puede adoptar una orientación populista –para usar la caracterización del viceministro Felletti– a pesar de las deficiencias de tal estrategia en lo relativo a proveer incentivos para la producción. Pero un gobierno populista no puede beneficiar siempre al mismo sector sin perder legitimidad. De aquí que no sorprende que, ante la presión sindical, la Presidenta haya concentrado su poder de fuego en el objetivo de resguardar el lugar de la política.   

 

En realidad, se puede argumentar que las dificultades para preservar el lugar de la política que el gobierno está encontrando actualmente no son más que una consecuencia lógica de las estrategias que ha venido siguiendo para relacionarse con diferentes corporaciones, sobre todo a partir del conflicto con el campo que marcó un punto de quiebre en este aspecto. En efecto, a partir de ese conflicto, el Congreso perdió protagonismo y ello tuvo consecuencias importantes. El Congreso es una institución que juega un papel crítico en una democracia como escenario de armonización de intereses de grupos y sectores específicos. El gobierno perdió la votación sobre las retenciones a pesar de contar en los papeles con mayorías propias y, luego, con las elecciones de 2009 su poder parlamentario se debilitó aún más. Esto llevó al Ejecutivo a utilizar otros escenarios para dirimir conflictos de interés y a recurrir a DNUs para implementar políticas en temas clave.

 

La calle y los pasillos ministeriales ganaron protagonismo en la medida que el gobierno se debilitó políticamente y optó por recostarse en grupos con poder de acción colectiva como los sindicatos. Y cuando los escenarios de negociación son la calle y los pasillos la capacidad de lobby y de movilizar recursos y organizar la acción colectiva tienen premio. Por supuesto, de esto no se sigue que tuvieran que ser los sindicatos los más favorecidos en un escenario más permeable a las presiones corporativas. De hecho hay otros grupos con capacidad de ocupar la calle y abrir puertas en los ministerios que también hacen sentir su peso. El hecho que dio mayor protagonismo al sindicalismo es que el gobierno tiene muy deteriorada su relación con parte del sector empresario debido al sesgo intervencionista de algunas políticas. Por ejemplo, al tiempo que la Presidenta se quejaba de la extorsión, el gobierno introducía funcionarios en los directorios de varias empresas sobre la base de un DNU que, obviamente, no fue discutido en el Congreso.    

 

¿Por qué, entonces, el énfasis presidencial en reivindicar el espacio de la política en este momento? Una razón que parece natural argüir para explicar este hecho es que en los últimos meses aumentó la popularidad presidencial y ello cambió el escenario, tornando menos crítica la necesidad de contar con el aporte corporativo sindical en el campo de la política. Si la Presidenta anticipa que puede ganar las elecciones por amplio margen, es lógico que piense también en volver a utilizar la política y el Congreso para disciplinar los intereses corporativos y alinearlos con sus políticas más generales. Claro que, si los sindicatos anticipan este escenario, es coherente que traten de adelantarse y planteen hoy la cuestión de qué lugar les corresponderá en un nuevo eventual gobierno. Una manera de asegurarse protagonismo en un futuro escenario más dominado por la política es, precisamente, reclamar hoy más cargos específicamente políticos, tanto en cargos ejecutivos como legislativos y comunales.     

 

El resultado final que se observa en la coyuntura es que se ha establecido una suerte de  impasse dentro de la coalición oficial donde ningún jugador puede presionar excesivamente al otro sin poner en peligro el futuro electoral conjunto pero tampoco puede dejar de presionar y condenarse a un futuro de poder significativamente disminuido. La situación de impasse es inestable y lo es más cuanto más se debilita la oposición ya que ello da incentivos para intentar jugadas más audaces en el presente.

 

Inconsistencias de corto, acumulación de desequilibrios a largo

 

¿Por qué dedicar tanto espacio a la relación entre política y corporaciones en un análisis de coyuntura económica? Justamente porque la situación de impasse está teniendo repercusiones que son críticas para evaluar la evolución tanto mediata como inmediata de la economía. En particular, porque la situación de impasse  se traduce en acciones de política económica inconsistentes y ad hoc que no son sostenibles y que llevan al gobierno a tomar medidas dictadas por la lógica de la política y no de la economía y que, por ende, tendrán poco efecto sobre las variables que están en una trayectoria inestable: los incrementos de precios y la competitividad externa de la economía. En este sentido, los puntos más salientes a tener en cuenta son los siguientes.

 

  1. Para mantener su buena posición política en las encuestas, sumar votos en las futuras elecciones y disciplinar el poder sindical el gobierno necesita una economía en crecimiento. Para ello alimenta la demanda agregada con instrumentos fiscales y monetarios. No es de esperar que haya cambios en esta estrategia, por más que la inflación siga alta y la competitividad se resienta.
  2. Una aceleración de la inflación e

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